Tras dos semanas de tensas negociaciones, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) concluyó en Belém do Pará, Brasil, con un acuerdo que apunta a triplicar los fondos que destinan para adaptación a los impactos del cambio climático de los países en desarrollo para 2035.
Sin embargo, el texto final omitió cualquier mención explícita los combustibles fósiles, responsables directos del cambio climático. La ausencia incomodó a la Unión Europea y a varios países latinoamericanos, que habían llegado a la Amazonía pidiendo una hoja de ruta para abandonar el petróleo, el gas y el carbón.
La COP30 pasará a la historia por ser la primera cumbre climática celebrada en una ciudad amazónica, bioma vital pero gravemente amenazado por la deforestación y otras actividades extractivas. Desde el inicio, el tono quedó marcado por el lanzamiento del Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), considerado el mayor mecanismo de financiamiento forestal jamás creado.
El acuerdo final, que coincide con los 10 años del Acuerdo de París, reconoce que la ventana para limitar el calentamiento a 1,5 °C se está cerrando rápidamente y reafirma la urgencia de reducir nuestras emisiones de gases un 43 % para 2030, 60 % para 2035 y alcanzar cero emisiones netas en 2050.
Brasil definió esta edición como “la COP de la verdad”, un intento de reconstruir la confianza en un sistema multilateral tensionado. En este ciclo, los países debían presentar sus nuevas contribuciones nacionalmente determinadas (NDC). Al cierre de la cumbre, solo 122 de los 198 países lo habían hecho. Una señal más de que se avanza más lento que la crisis.
Días antes de la cumbre, el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025 del PNUMA reveló que el mundo se encamina hacia un calentamiento de 2,3 y 2,5 °C a finales de siglo.
Para intentar cambiar el rumbo, la COP30 lanzó dos importantes iniciativas: el Acelerador de Implementación Global y la Misión de Belém al Objetivo 1,5 °C, diseñadas para apoyar a los países a cumplir con sus NDC y sus planes de adaptación, aumentar la ambición y promover la cooperación internacional, así como las inversiones. Ambas dejan en claro que el tiempo de negociar acabó. Es el momento de implementar.
En la primera semana, las presidencias de la COP29 y COP30 presentaron la Hoja de Ruta Bakú a Belém, para movilizar 1,3 billones de dólares al año hasta 2035. El documento ofrece recomendaciones amplias y un marco de acción basado en cinco ejes: reabastecimiento, reequilibrio fiscal, redirección, reestructuración y reconfiguración.
El plan pone el foco en los bancos multilaterales y el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que la responsabilidad directa de los países desarrollados, establecida en el artículo 9 del Acuerdo de París, queda en un segundo plano.
En la COP29 de Bakú, estos países habían acordado “tomar la iniciativa” en la movilización de 300.000 millones de dólares anuales para 2035, triplicando la meta previa de 100.000 millones fijada en 2015.
La financiación para la adaptación fue uno de los temas sensibles de la conferencia. El Acuerdo de París estableció la Meta Global de Adaptación (GGA), pero sin definir cómo se mediría ni qué tipo de financiamiento sería necesario.
En la COP28 se aprobó un marco general. Desde entonces, expertos y delegaciones redujeron una lista inicial de más de 9000 indicadores posibles a solo 100. Llegaron a Belém prácticamente listos para su adopción.
Pero en la recta final, el proceso todo cambió. El texto final propone adoptar los 59 indicadores con el compromiso de perfeccionarlos luego. La decisión generó protestas, especialmente desde el Cono Sur, que cuestionó que se presentaran indicadores nuevos “sin sustento científico suficiente” y sin tiempo adecuado para analizarlos.
Aun así, hubo avances concretos. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo presentaron un informe con nuevas métricas y metodologías para acelerar la inversión en adaptación. La publicación fue acompañada por el anuncio de los Fondos de Inversión Climática (CIF) de una contribución inicial de 100 millones de dólares por parte de Alemania y España al programa ARISE, enfocado en financiamiento anticipado para resiliencia.
Uno de los compromisos centrales de Brasil fue hacer de esta la COP con mayor participación indígena de la historia. La promesa se cumplió. Cerca de 3000 representantes estuvieron en Belém, 1000 de ellos en la Zona Azul. El resto en la Zona Verde, espacio para la sociedad civil.
Pero el récord no evitó tensiones. Pese a ello, el acuerdo final dejó un precedente. Su primer párrafo reconoce explícitamente los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos territoriales y conocimientos tradicionales. Para lideresas indígenas como Taily Terena, es la primera vez que estos derechos se mencionan con tanta claridad en un texto central de una COP.
Entre los avances paralelos se destaca también la Declaración de Belém contra el Racismo Ambiental, considerada la primera iniciativa internacional que integra formalmente justicia racial y acción climática.
Aunque estaba en boca del presidente Lula da Silva, en las demandas de más de 80 países y en el clamor de la sociedad civil, el texto final eliminó toda referencia directa a los combustibles fósiles.
El debate viene desde la COP28, cuando por primera vez se acordó avanzar hacia una “transición gradual” de los combustibles fósiles y triplicar la capacidad renovable para 2030. Las preguntas eran cómo y cuándo, pero la COP30 evitó responderlas.
En las calles, el mensaje fue contundente: 70.000 personas marcharon en el “Funeral de los Combustibles Fósiles”. Aun así, hubo señales políticas. Colombia y Países Bajos anunciaron la primera conferencia internacional sobre Transición Energética Justa Lejos de los Fósiles, que se realizará en 2026 en Santa Marta. Mientras que Brasil prometió impulsar dos hojas de ruta: una para abandonar hidrocarburos y otra contra la deforestación.
La COP30 dejó avances concretos, pero también silencios difíciles de justificar, especialmente en torno a los combustibles fósiles. Ahora la mirada se dirige a Turquía y Australia, donde la comunidad internacional tendrá que convertir las promesas en decisiones difíciles y medibles con una crisis climática que se acelera.
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